Castilla-La Mancha aprueba una Ley de la Discapacidad
Creada el 28-05-2018

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad. Se trata de una normativa novedosa en nuestro país.
El presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page ha asegurado que la ley surge para dar una respuesta al temor de los familiares de personas con discapacidad sobre el futuro de sus hijos cuando ellos faltan. Temor que le trasladó en concreto a una familia de APANAS hace años y que fue el punto de partida de esta ley.
García Page ha asegurado que " cuando esos familiares ya no estén estará Castilla-La Mancha. Estará esta región, y estará jurídicamente". Para ello se ha comprometido a destinar el dinero que haga falta; "no tendrá limitación presupuestaria, porque tendrá que ir por delante de otras prioridades".



La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha asegurado que la ley de protección y apoyo para personas con discapacidad es "un éxito de toda la sociedad" que marcará "un antes y un después" en la defensa de sus derechos.
Según la consejera, "es una ley clara, sencilla, oportuna y novedosa en el conjunto nacional e internacional", que está compuesta por 19 artículos, dos disposiciones adicionales y tres finales y es "fruto del diálogo y del compromiso del Gobierno regional".
A través de esta ley, se va a dar protección y un apoyo garantizado a las personas con discapacidad y tranquilidad a las familias.

La consejera ha señalado que, con ella, se da "un paso más" en la Ley de Dependencia y en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que éstas tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y que, para ello, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a los apoyos que pueda necesitar.



Ha destacado que las personas con Discapacidad Intelectual tendrán derecho a planificar anticipadamente su futuro cuando no estén sus familias, al tiempo que ha explicado que se pretende que el recurso de la incapacitación sea "el último". No obstante, ha especificado que "si es necesario recurrir a este proceso, la comisión de tutela de Castilla-La Mancha asumirá el cargo tutelar encomendado judicialmente, en caso de que no puedan encargarse los familiares". La consejera ha precisado que esta ley tiene dos "grandes" objetivos: el sistema de apoyo y la garantía de apoyo residencial.



El primero abarca planes personales de futuro a semejanza de la declaración de voluntades anticipadas en el ámbito sanitario, en las que se pondrán de manifiesto las preferencias futuras de las personas con discapacidad cuando sus familiares falten.
Para ello, se crearán unidades de orientación y apoyo, conformadas por agentes mediadores. El segundo objetivo establece la garantía de preferencia de acceso a la red de recursos de la Junta, una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones en su toma de decisiones no cuente con apoyos familiares.



El presupuesto de 2018 para el desarrollo de esta ley asciende a cinco millones de euros, que conllevarán la creación de más de 400 plazas de atención especializada y 85 residenciales para personas con trastorno mental. Los beneficiarios de las medidas de protección que contempla son personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones, en concreto, 35.716, que representan un 25,36 % del total de las personas con discapacidad que hay en Castilla La Mancha.















 

 

 

 
     

 

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